Perdonadme el juego de palabras, pero pensé que en el día de hoy esta frase era un buen gancho para hablar de la ley de segunda oportunidad para autónomos.

Esta ley está vigente en España desde finales de 2015, y en su momento se anunció a bombo y platillo como una gran medida para los autónomos con problemas, aunque tras su publicación en el BOE generó bastante decepción. ¿Por qué?

En primer lugar creo que es bueno saber cómo funciona, para saber por qué no funciona. Para ello voy a tirar de una infografía muy interesante que he encontrado en elmundo.es.

Fuente: www.elmundo.es

Uno de los problemas principales de la ley es que deja fuera de esa «segunda oportunidad» cualquier deuda contraída con Hacienda o la seguridad social, deudas que suelen ser abultadas. En segundo lugar, la ley se convierte en un calco del concurso de acreedores pero para persona física, heredando todos sus defectos (en España casi ningún concurso llega a buen puerto y casi siempre acaban en liquidación). En tercer lugar, no da garantías a las personas que siguen todo el proceso de que al final del mismo se termina el asunto, ya que hay un plazo posterior de 5 años en los que el tema se puede volver a judicializar por parte de los acreedores en un nuevo proceso.

La verdad es que el tema de las deudas en España es muy complejo. Mi opinión personal es que no pagar inicialmente no se penaliza lo suficiente, pero a la larga el no haber pagado se convierte en un problema sin salida. Es una pescadilla que se muerde la cola. El segundo problema en España es la picaresca, es decir, hay gente que se siente como pez en el agua con un articulado legal muy estricto pero una realidad que no lo aplica y una sociedad que lo sabe y no penaliza al pícaro. 

En la vida profesional te encuentras a este tipo de personas, fuera del sistema, en situación de insolvencia y con una deuda que nunca podrán pagar, que sin embargo siguen buscando la manera de ganarse la vida. Están fuera del sistema pero no se volatilizan, ¿sabéis?. Yo me he encontrado a un par de ellos (literalmente conozco dos casos) y puedo decir que son dos ejemplos antagónicos. Mi sensación con el primero es que siempre supo lo que hacía, y que utilizó el sistema y sus recovecos en su beneficio. En el caso de la segunda persona que conocí en esa situación, mi sensación fue justo la contraria. Lo que le ocurrió fue sobrevenido, y desde que entró en situación de insolvencia lo pasó mal. Hace relativamente poco tiempo que tiene el tema de su deuda cerrado y puede volver a trabajar dentro del sistema, y noté que para él era una gran alivio. Ambos fueron constructores.

Mi opinión es que el marco regulatorio debería de ser claro, penalizar al que no paga fuertemente desde el inicio, pero no cronificar la situación de insolvencia, porque así lo único que se consigue es dejar a los insolventes fuera del sistema sine die y contribuir a la economía sumergida. Algunos quieren estar así, y contra eso no hay remedio, pero hay otros que están forzados por su situación a seguir en la insolvencia al no tener herramientas para volver al sistema, y es para esos casos para los que yo veo necesaria esta ley de segunda oportunidad.

Para este tema en concreto, debido a su pragmatismo, tomaría como ejemplo la regulación de EEUU. Allí se penaliza fuertemente el impago, pero sin embargo tienen un código de bancarrota personal (United States Bankruptcy Code) que funciona muy bien porque las normas y la operativa son claras, es muy pragmático. El deudor plantea un plan de pagos al «comisario» y si el tribunal ve buena fe no necesita el acuerdo de todos los deudores, y una vez cumplido el deudor está libre de deudas.

Creo que todos los que nos movemos en el mundo empresarial, aunque no hayamos experimentado lo que es estar en una situación de bancarrota o concurso de acreedores, hemos pensado mucho en ello debido al riesgo inherente que tiene montar un negocio. Es más, creo que muchos emprendedores tomarían muchos más riesgos, y por tanto generaríamos mucho más crecimiento económico, si hubiese unas reglas claras tanto de la bancarrota empresarial como de la bancarrota personal. Pasados algo menos de dos años desde que nació esta ley, parece claro que no ha sido un éxito, y creo que sería un acierto de los legisladores replantearla, por un lado para dar una salida a aquellas personas que no están fuera del sistema por voluntad propia sino por causa sobrevenida, y en segundo lugar para dar a todas las demás personas y autónomos un marco legal claro al que atenernos para que así podamos tomar riesgos controlados y hagamos que la economía vaya mejor.